El artefacto explosivo, presuntamente de fabricación casera, que estalló en las manos de su portador el viernes 15 de febrero en una concurrida vía de la Ciudad México dejó al descubierto la frágil seguridad ciudadana y el imperio de la delincuencia que desde hace décadas campea en esta metrópoli de ocho millones de habitantes.El atentado, que no llegó a consumarse, iba dirigido según las autoridades locales a un jefe de la Policía del Distrito Federal, en represalia por recientes acciones contra grupos delictivos entre los que se incluyen la detención de varios hombres que tenían en su poder un arsenal, y la expropiación en 2007 de inmuebles en los que se vendía droga al menudeo.
La explosión del viernes 15 de febrero, en la que murió el hombre que colocaría el artefacto y, de acuerdo con un video difundido por la televisión mexicana, resultó gravemente herida una mujer de 22 años que le acompañaba, terminó por demostrar los errores del alcalde de la capital mexicana, el izquierdista Marcelo Ebrard, quien insiste en considerar a la ciudad un punto aislado de la violencia del narcotráfico que aqueja al país.
Lejos de las apreciaciones del jefe de gobierno de la ciudad, todo indica que en la capital mexicana se ha experimentado -al igual que en todo México - una recomposición de los liderazgos de los traficantes de drogas, terreno en el que hasta ahora aventaja el cartel de Sinaloa (noroeste), dirigido por Joaquín Guzmán Loera, alías el “Chapo Guzmán”, delincuente que se fugó en 2001 de una cárcel de máxima seguridad.
El hecho de que la bomba le estallara al sujeto que la transportaba es tan sólo un error de cálculo que suele ocurrir hasta en las organizaciones terroristas más avezadas. Lo importante es la disposición de los grupos delictivos a utilizar explosivos en una transitada zona de la Ciudad de México, estrategia que inició el narcotráfico azteca en la década de los noventa.
Dos años después de que un coche bomba fuera accionado en Sinaloa, la madrugada del 11 de junio de 1994, en medio de una fina lluvia, cinco personas murieron y 10 más resultaron heridas en el norte de la occidental ciudad de Guadalajara tras la explosión de un artefacto colocado en un automóvil frente a los salones de un lujoso hotel donde un capo de la droga realizaba una fiesta para su hija.
Cuando los periodistas se dieron cita en ese lugar, aún podían observarse las copas a medio llenar y la lista impresa de un sofisticado menú entre los manteles que no se incendiaron. Al igual que en el incidente de Guadalajara, en esta ocasión la Policía de la capital mexicana trató de minimizar el estallido al inscribirlo como una acción de una célula menor de delincuentes.
Sin embargo, con el avance de las investigaciones se ha podido conocer que los presuntos autores del fracasado atentado estarían relacionados con el cartel de Sinaloa, grupo que se ha hecho con buena parte del control del famoso barrio de Tepito, una céntrica área de la Ciudad de México en la que con extrema facilidad se pueden conseguir desde marihuana y cocaína, hasta una bazuca o cualquier otra arma de grueso calibre.
El escenario no puede ser más preocupante debido a los vacíos de poder del Estado mexicano en aquellas zonas que domina el narcotráfico, pues en lugar de que sean las autoridades las que proporcionen el justo equilibrio del derecho, son los grupos de la delincuencia organizada quienes tienen en sus manos -literalmente- la espada de Damocles que pende sobre poblaciones enteras.
Prueba de lo anterior son las más de 2.600 ejecuciones registradas en México en 2007 como parte de la lucha territorial de bandas rivales del narcotráfico, la aparición de hombres decapitados y el imparable poderío económico de los varones de la droga, quienes incluso han llegado a organizar eventos de caridad en los que se reparten regalos para las humildes comunidades que forman parte de sus rutas comerciales.
Obviamente, la Ciudad de México no está exenta de esa dinámica delincuencial, por el contrario, aunque no lo reconozcan las autoridades, la bomba del pasado 15 de febrero sólo se añade a una aberrante lista de posibilidades con las que cuenta el crimen organizado en la capital mexicana: con menos de 10.000 dólares se compra a un sicario, el gramo de cocaína no supera los 10 dólares, lo que ha incrementado exponencialmente su consumo, y si se comete un delito común existen ocho de diez posibilidades de no ser castigado.
Publicado en Informa-tico.com
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