Las bombas racimo con las que se dio muerte a Raúl Reyes, el número dos de las FARC, no sólo estallaron en el campamento guerrillero que se encontraba a 1,800 metros dentro del territorio de Ecuador; simbólicamente, la metralla también llegó a Quito y el eco de su tableteo hizo reaccionar de inmediato a Venezuela, lo que ocasionó una de las peores crisis diplomáticas que ha vivido recientemente Sudamérica.La primer orden llegó desde el Palacio de Nariño en Bogotá, cuando el presidente colombiano, Álvaro Uribe, autorizó que aviones de fabricación brasileña atacaran el selvático refugio del vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien cayó abatido mientras dormía detrás del Río Putumayo en territorio de Ecuador.
De inmediato ese país rompió relaciones con Colombia, al tiempo que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, alistó 10 batallones para advertir -dijo- que su gobierno no permitirá una acción similar en suelo bolivariano, señalado por cierto desde 2007 como escenario donde se mueven libremente las FARC.
Si bien la incursión de la Fuerza Aérea y el Ejército de Colombia sobre territorio ecuatoriano sobrepasaron todos los límites del derecho internacional, son muchas las explicaciones que también deben dar Rafael Correa, presidente de Ecuador, y el mismo Hugo Chávez, quienes desde hace meses mantienen un estrecho contacto con la guerrilla que dirige el viejo Manuel Marulanda, de 77 años.
Como prueba de lo anterior, Colombia reveló parte del contenido de tres computadoras incautadas al fallecido portavoz guerrillero, donde figuran los nombres de altos funcionarios ecuatorianos y de Venezuela.
“El presidente Uribe me felicitó por las gestiones (humanitarias), obviamente para hacerlo debía reunirme con las FARC, lo hice en enero (de este año) con Raúl Reyes”, reconoció Gustavo Larrea, ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador.
El encuentro, según Larrea, se realizó fuera de Colombia y de Ecuador, en un tercer país que no quiso identificar pero que fuentes diplomáticas colombianas aseguraron a Cambio podría tratarse de Venezuela, nación que en noviembre de 2007 recibió a un emisario de Marulanda con el que Hugo Chávez concertó la posterior liberación de la ex congresista Consuelo González y la abogada Clara Rojas, secuestradas por las FARC en 2001 y 2002 respectivamente.
La explicación del ministro ecuatoriano no dejó satisfecho al gobierno de Álvaro Uribe, pues los informes de una de las computadoras de Raúl Reyes muestran la disposición de Ecuador para intercambiar información con las FARC.
En la administración de Rafael Correa “desean establecer coordinaciones con nosotros sobre la frontera binacional”, puntualizó Reyes en uno de sus mensajes, de acuerdo con Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional colombiana.
"Esto amerita respuestas concretas, ¿Cuál es el estado de relación del gobierno ecuatoriano con un grupo terrorista como las FARC?”, arremetió el jefe policiaco de Colombia.
Pero del otro lado de la frontera para nadie es un secreto que “todos los gobiernos de Ecuador han hecho pactos de no agresión con las FARC para no recibir ataques en nuestro territorio”, explicó desde Quito el periodista ecuatoriano Jorge Imbaquingo.
Un pulso similar se mantiene entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez desde el segundo semestre de 2007, cuando el gobierno colombiano desautorizó la mediación del mandatario de Venezuela en el “canje humanitario” de secuestrados ofrecido por las FARC.
Desde entonces, el diferendo diplomático entre Caracas y Bogotá se alimenta con medias verdades y oportunismo político de parte de los dos gobiernos. Mientras Uribe tiene ante sí una severa crisis institucional por el escándalo de la “parapolítica”, en el que congresistas y otros destacados personajes públicos de Colombia han sido encarcelados por su relación con los paramilitares, Chávez anuncia vientos de guerra en la frontera y de paso distrae la atención de los severos problemas de abastecimiento que aquejan a sus ciudadanos.
La muerte de Raúl Reyes no es la excepción, además de los 10 batallones que recibieron la orden de movilizarse hacia los límites con Colombia, el gobernante venezolano compara a su vecino con Israel, país del oriente medio que Chávez considera “otro instrumento del imperialismo”.
Por su parte, Colombia acusa al presidente de Venezuela de haber ofrecido 300 millones de dólares a las FARC a través del desvío de cuotas petroleras, una información aún no comprobada que la Policía colombiana obtuvo de los mensajes que recibía Raúl Reyes, cuyo verdadero nombre era Luis Edgar Debia Silva.
Chávez, “nos ofreció la posibilidad de un negocio en el que nosotros recibamos una cuota de petróleo para comercializarla en el exterior, lo cual nos dejaría una jugosa utilidad”, detalla en una misiva Iván Márquez, el alías de uno de los comandantes que forman parte de la dirigencia de las FARC, de acuerdo con Oscar Naranjo.
Esto “no sólo lleva implícita una cercanía, sino una alianza armada entre las FARC y el gobierno de Venezuela”, acusó el funcionario colombiano antes de lanzar una última estocada a las endebles relaciones bilaterales: la guerrilla busca adquirir uranio para hacer “negocio con un gobierno”. El proveedor, identificado por las FARC como “Belisario”, presuntamente tenía listos para su entrega en Bogotá 50 kilos del material, explicaba un correo que Raúl Reyes recibió el pasado 16 de febrero.
Llama la atención que en esta liza diplomática nadie menciona al ovillo de Ariadna que cotidianamente se enreda en las porosas fronteras que comparten Colombia, Ecuador y Venezuela. La circulación de drogas, armas, secuestrados y divisas se impuso desde hace décadas con el poder de las balas de narcotraficantes, guerrillas o paramilitares, mientras siguen sin escucharse a los empobrecidos pobladores de los límites andinos.
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