Sin Clemencia

Cuando a José Ernesto Medellín Rojas le preguntaron qué quería cenar el último día de su vida, éste respondió seco: “No quiero nada especial”. Tampoco permitió que su familia presenciara cómo un equipo automatizado le aplicó una inyección letal con la que se cumplió la condena a la que fue sentenciado hace 15 años.

José Ernesto, quien siendo un niño dejó la fronteriza Nuevo Laredo para emigrar junto con sus padres a Estados Unidos, se convirtió el pasado cinco de agosto en el prisionero número 410 en ser ejecutado en el estado de Texas, donde se le impuso la pena de muerte como castigo a la violación y homicidio que cometió en junio de 1993 contra Elizabeth Peña y Jennifer Ertman, de 16 y 14 años respectivamente.

Según las autoridades texanas, la culpabilidad de Medellín nunca estuvo en duda; de hecho, tras haber sido arrestado, ofreció en su confesión varios detalles sobre el crimen cometido en el parque Jester de la ciudad de Houston. Sin embargo, y a pesar de que en repetidas ocasiones manifestó a la Policía que era de nacionalidad mexicana, no contó con la asistencia consular a la que tiene derecho cualquier persona que es detenida fuera de su país de origen.

A esa irregularidad se sumó la pobreza. José Ernesto Medellín fue asistido legalmente por un defensor de oficio que en ningún momento consideró como una alternativa el exigir la asesoría consular, tal y como se establece en la Convención de Viena, signada por Estados Unidos en 1969.

La felonía contra las dos menores, según el mismo Medellín, fue cometida como parte de un rito de iniciación de la pandilla Black and White, de la que era miembro junto con su hermano menor, Venancio, quien por cierto también fue procesado en el mismo juicio, aunque éste purga una condena de 40 años de prisión gracias a que colaboró plenamente con las autoridades para resolver el caso.

La soledad del condenado

“¿Qué cómo es la vida en el corredor de la muerte? Muy tediosa y aburrida; imagínate encerrado en un baño, creo que esta celda es más o menos de ese tamaño. Imagina que no te puedes ir, que ese pequeño espacio es tu mundo entero”, escribió Medellín en octubre de 2007.

Con sólo dos horas para tomar el sol cada día en la prisión de Polunsky, y sin posibilidad de convivir con otros presos, José Ernesto estaba convencido que su vida cambió por completo en el momento en el que decidió unirse a aquella pandilla.

Sin embargo, para Sandra Babcock, la abogada contratada por la legación diplomática mexicana, la situación de Medellín hubiera sido distinta, al menos en cuanto a la condena de muerte, de haberse acatado el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 31 de marzo de 2004, cuando esa instancia le dio la razón a México tras comprobar que Estados Unidos violó los artículos 5 y 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en el caso de 51 mexicanos sancionados con la pena capital en ese país.

Los jueces de la CIJ determinaron entonces que los afectados no fueron informados a tiempo de su derecho a la asistencia consular, por tanto --como reparación-- Estados Unidos tenía que revisar las condenas y las penas pronunciadas contra los mexicanos cuyos derechos fueron violados.

La Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de la ONU, también decidió que Washington debía comprometerse a dar a México garantías de que tal situación de ilegalidad no volvería a ocurrir. Es decir que en todos los casos, cuando en ese país se detenga, arreste o procese a algún mexicano o a cualquier otro extranjero, éste debe contar con la asesoría de su consulado, independientemente de la situación migratoria que presente.

Texas vs el mundo

Inicialmente, tras el fallo de la CIJ, Estados Unidos había acatado de una u otra forma lo ordenado por la Corte. De hecho, en cuatro casos, igual número de mexicanos fueron favorecidos por clemencias ejecutivas que cambiaron la pena de muerte a la que estaban sentenciados por cadena perpetua. Pero no fue así con José Ernesto Medellín, pues Texas considera que la CIJ es un tribunal extranjero que no tiene jurisdicción en su territorio.

Si bien la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció que ese país tiene la obligación de obedecer la orden de la CIJ, concluyó --dándole la razón a Texas-- que su aplicación en cada uno de los estados debe estar precedida por una acción del Congreso, la cual no existe hasta el momento.

Por eso la ejecución de Medellín fue legal bajo los términos de las instancias judiciales estadounidenses consultadas, aunque si hablamos de justicia, Texas se ha convertido en el artífice de un desafío internacional al convertir a Estados Unidos en un país que no respeta los convenios signados ante instancias u organismos globales.

De igual forma, al ignorar lo estipulado por la CIJ, a partir de la independencia esgrimida por Texas, Estados Unidos pone en riesgo a sus propios ciudadanos, quienes al salir de su país siempre han sido protegidos por la Convención de Viena.

El conteo de la muerte

Esposado de pies y manos, José Ernesto Medellín tuvo una ligera esperanza cuando sus abogados lograron que la ejecución se aplazara al menos seis horas, en lo que la Suprema Corte estadounidense analizaba una última apelación. Pero la respuesta fue negativa y la condena se cumplió a las 21:50 horas del pasado martes cinco de agosto; siete minutos después fue declarado muerto.

Medellín Rojas fue el sexto mexicano ejecutado por inyección letal en el estado de Texas desde 1982. También fue el primero al que se le aplicó la pena capital a pesar de estar protegido con una orden de la Corte Internacional de Justicia.

Previendo que Texas no reconocería el fallo de la CIJ, México pidió en este año una interpretación de la sentencia emitida en 2004 por esa corte, solicitando a esa instancia que ordenara además las medidas cautelares necesarias para evitar la ejecución del mexicano.

El 16 de julio pasado la CIJ falló en ese sentido y pidió a Estados Unidos que detuviera la aplicación de la pena de muerte en contra de José Ernesto Medellín, hasta que no se emitiera la interpretación solicitada por el gobierno de México.

En estas últimas medidas también se incluyen los mexicanos César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, el enfermo mental Humberto Leal García, y Roberto Moreno Ramos, quienes serían los próximos en ser ejecutados, también en el estado de Texas.

Publicado en la Revista Cambio