La Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya emitirá el 20 de abril su veredicto en el caso de las papeleras instaladas en suelo uruguayo, que Argentina consideró vulneran los acuerdos signados por ambas naciones en torno al compartido Río Uruguay.
La demanda fue interpuesta por el gobierno argentino bajo el argumento de que las papeleras contaminan ese afluente, en tanto que Uruguay se defendió ante la Corte expresando su derecho a la soberanía económica.
Justo cuando dio inicio el diferendo me encontraba en Montevideo. No dejó de llamarme la atención el encono mostrado por los manifestantes argentinos al bloquear carreteras y la férrea defensa verbal de los uruguayos, considerando que, a los ojos de un extranjero, son pocas las diferencias entre esas dos nacionalidades.
También destacaban entonces (2006) las versiones extraoficiales: De acuerdo con las más repetidas, los argentinos se oponían a la instalación de las papeleras debido a que éstas inicialmente -al intentar instalarse en suelo argentino- se negaron a pagar una alta suma de dinero (en negro) que las autoridades de ese país les pedían. La famosa "coima", como se dice a la "mordida" en el Cono Sur. Del otro lado del río, de acuerdo con esas versiones, el gobierno uruguayo habría cobrado menos "plata".
No obstante, independientemente de los aspectos fácticos, políticos y económicos que hicieron que las papeleras se instalarán en Uruguay, y no en Argentina, el caso -al ser resuelto por la CIJ- sentará un importante precedente para el derecho internacional ambiental.
(La foto, tomada por Jeroen Bouman, es cortesía de la CIJ)
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