Las decenas de miles de palabras que desde 1996 ha expresado el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en sus comunicados lo perfilan como un grupo de tendencia maoísta, cuyos dirigentes han formado su discurso con pinceladas de la Ciencia Política, el Derecho, y sobre todo con los ortodoxos dogmas del marxismo-leninismo.El mestizaje de sus posturas también es resultado de que en el grupo guerrillero son varias y distintas las personas que en cada ocasión se encargan de redactar los comunicados, lo que origina contradicciones e incluso desmentidos o reproches hacia las “comandancias de zona”, que también suelen informar sobre las actividades que realizan en estados como Oaxaca o Guerrero.
Otra característica del discurso de esta guerrilla es la inclusión de informaciones internas, emitidas quizás por error o impericia, que han servido para confirmar hechos y personajes relacionados con el grupo armado, mientras que en otras ocasiones ha sido exhibida una deficiente uniformidad con respecto a sus posturas y reclamos.
Un ejemplo de todo lo anterior lo constituyen los despachos que el EPR ha emitido desde hace un año tras la desaparición de sus militantes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
De entrada, éste último activista inicialmente era identificado por el grupo guerrillero como Raymundo Rivera Bravo, un hombre de 55 años cuyo rostro fue dado a conocer el 8 de junio de 2007 en un documento que incluyó su fotografía.
La desaparición de los dos eperristas se hizo pública el 2 de junio del año pasado a través de una misiva firmada en Oaxaca por la comandancia militar de zona de la guerrilla, y no fue sino hasta el 27 de junio, después de 11 comunicados más, cuando el nombre fue corregido.
La ilegal detención de estos militantes hizo que el EPR diera un importante pero contradictorio paso al exponer -el pasado 24 de abril- que estaba dispuesto a iniciar un diálogo con las autoridades.
En esa fecha, la comandancia general de la guerrilla se dirigió al obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, al escritor Carlos Montemayor, al periodista Miguel Ángel Granados Chapa, al antropólogo Gilberto López y Rivas, y al Frente Nacional Contra la Represión para “nombrarlos intermediarios para dialogar con este gobierno y alcanzar la justicia que tanta falta hace a nuestro pueblo”.
Sin embargo, dos días antes de ese comunicado, la misma dirigencia rebelde desconoció a la actual administración, consideró que Felipe Calderón llegó “al poder ilegítimamente”, además de que éste ha permitido “actitudes de los criminales represivos” que mantienen en cautiverio a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Obviando la incoherencia, las condiciones y alcances del diálogo que se proponía el grupo armado llegaron el 28 de abril con otra carta, en ella se pidió al gobierno federal que cesara el hostigamiento que han sufrido las familias de los dos desaparecidos, “que se deje de perseguir y de investigar a quienes consideran son parte nuestra”, y se suspendan los operativos de búsqueda y captura de miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), el ilegal brazo político del EPR.
Es decir, además de la presentación de los dos desaparecidos y el intento para “alcanzar la justicia que tanta falta hace” al país, el diálogo propuesto por la guerrilla serviría para lograr una especie de indulto en favor de todos los eperristas que son buscados por la Procuraduría General de República (PGR).
En realidad, para que el Ejecutivo federal detenga una investigación de la fiscalía tendría que ordenar al procurador que deje de ejercer la acción penal contra los presuntos responsables de algún delito o renunciar a cumplir las órdenes de aprehensión emitidas por el poder Judicial, algo que en el caso del EPR resulta poco probable considerando los atentados que el grupo perpetró contra instalaciones de PEMEX.
Tan sólo con la lectura de esos tres comunicados (22, 24 y 28 de abril), realmente sorprende la disposición que tenía la guerrilla para encontrarse con el gobierno a pesar de considerarlo ilegítimo; de hecho, entre el rosario de epítetos expresados contra Felipe Calderón el EPR incluye en el documento del 22 de abril las expresiones de “represor (que) ha aprendido tales cosas del PRI”.
Las misivas reclamando la presentación con vida de los dos maquis desaparecidos abundan también en conceptos políticos con los que el EPR da a conocer su particular visión de la política contemporánea.
Al gobierno colombiano encabezado por Álvaro Uribe, reelegido presidente en las urnas en 2006, lo consideró dictatorial el pasado 1 de abril, en tanto que apoya el reconocimiento como beligerantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), señaladas hasta por la ONU como el brazo armado del narcotráfico de ese país.
“Los que dicen o hacen eco de que (las FARC) son narcotraficantes para sostener su lucha no es más que la continuación de lo que los Estados Unidos ha utilizado para descalificar cualquier fuerza política que no está de acuerdo con sus intereses”, sentenció el EPR en un comunicado el 14 de marzo de este año.
En cuanto a los métodos de la democracia representativa, la guerrilla ha informado que suele practicar consultas tanto internas como a las bases sociales que les apoyan, éstas últimas “han manifestado su disposición a inmolarse heroica y radicalmente contra los instrumentos de la oligarquía”, explicó un despacho del 21 de febrero.
En ese mismo documento se detalla a los militantes que las nuevas fuerzas de la revolución deben prever “siempre la infiltración”, aunque no se abunda en detalles sobre la identidad de quienes estarían colaborando con las autoridades desde el interior de la guerrilla.
“Hay algunos que se dicen revolucionarios (pero) ya han sido cooptados por inteligencia militar mexicana y están haciendo un llamado a la unidad a toda costa, experiencia que ya se vivió en los años 70, siendo el resultado la destrucción orgánica de la heroica Liga Comunista 23 de septiembre”, reconoce el grupo armado.
Este tipo de señalamientos en los que la guerrilla proporciona información que en realidad no se le ha solicitado es una constante, como lo es la disparidad discursiva del comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) que firma los comunicados junto con la comandancia general del EPR.
Una muestra de ello se puede encontrar en el despacho del 15 de agosto de 2001 que versa sobre las detenciones de los hermanos Cerezo Contreras, acusados de colocar artefactos explosivos en tres sucursales bancarias de la Ciudad de México.
“Estos 3 jóvenes vivían con sus padres quienes son militantes de nuestro PDPR-EPR, por lo que algunos documentos y materiales encontrados en dicho domicilio son propiedad del partido y se encontraban bajo la responsabilidad de nuestros militantes”, admitió el grupo contradiciendo lo repetido por los mismos detenidos, quienes hasta hoy niegan que sus padres sean guerrilleros.
Según información de la PGR, Alejandro, Héctor, Antonio, Francisco y Emiliana Cerezo Contreras son hijos de Elodia Canseco Ruiz y Tiburcio Cruz Sánchez, presuntos fundadores del EPR que también utilizarían los nombres de Emilia Contreras Rodríguez y Francisco Cerezo Quiroz.
De hecho, a partir del reconocimiento de la guerrilla sobre la militancia de los padres de los hermanos Cerezo, y la posterior identificación por parte de las autoridades, se entiende la importancia que los rebeldes le han dado a las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pues éste último sería nada menos que el tío de los Cerezo y hermano del creador del EPR.
“Estos jóvenes no son delincuentes ni pertenecen a ningún grupo armado, son inocentes y su único delito, si así se le quiere nombrar, es que son hijos de militantes de nuestro partido que por muchos años han sido perseguidos políticos”, agregó entonces la misiva.
Demostrando que la fortaleza ideológica, táctica y militar que presumen es directamente proporcional a su impericia en temas de comunicación, el EPR ha ofrecido abundantes pistas sobre su perfil desde 1996, cuando se dio a conocer en el primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas en el estado de Guerrero.
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